De acuerdo con el último reporte de Global Witness, Voces silenciadas: La violencia contra las personas defensoras de la tierra y el medioambiente, la región de América Latina y el Caribe se mantiene como una de las más peligrosas para quienes defienden los derechos humanos relacionados con el medioambiente. En 2023, el 85% de los asesinatos de personas defensoras se registraron en esta región, siendo Brasil, Colombia, Honduras y México los países con el mayor número de casos.
Ante esta alarmante realidad, es indispensable construir espacios seguros que permitan a las personas defensoras continuar con su labor en favor de los derechos humanos y la protección ambiental.
En este contexto, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe —conocido como el Acuerdo de Escazú— se presenta como una herramienta clave para promover la democracia ambiental en los países que más lo necesitan.
ESCAZÚ BAJO LA LUPA
Actualmente, 17 países forman parte del Acuerdo de Escazú: Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Dominica, Ecuador, Granada, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay.
No obstante, uno de los mayores retos del Acuerdo es incrementar el número de países adheridos, especialmente aquellos donde se registran más ataques contra personas defensoras y donde las instituciones carecen de capacidad para garantizar acceso a información ambiental y fomentar la participación pública en la toma de decisiones.
Asimismo, es indispensable que los países continúen construyendo sus programas de implementación nacional del Acuerdo de Escazú, que aseguren el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales. Para ello, es clave fomentar el desarrollo de hojas de ruta de implementación por parte de los Estados Parte que aún no las han realizado. Esto es especialmente relevante, ya que dichas hojas de ruta deberían ser presentadas durante la Cuarta Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú.
IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE ESCAZÚ: UNA PRIORIDAD PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Las hojas de ruta deben ser construidas con la participación activa de representantes de la sociedad civil, juventudes, pueblos indígenas y personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Esto asegura el cumplimiento de los principios del Acuerdo de Escazú, promoviendo enfoques de abajo hacia arriba (bottom-up) que respondan a las necesidades reales del público y garanticen el acceso a los derechos reconocidos por este acuerdo regional.
Por otro lado, los Estados Parte que ya cuentan con hojas de ruta para la implementación del Acuerdo, como Argentina, Chile, Santa Lucía y Uruguay, deben acelerar su puesta en marcha. Es esencial priorizar la cooperación regional para replicar y fortalecer las buenas prácticas. La colaboración permitirá que los mecanismos de implementación integren temas transversales como la perspectiva de género, la justicia intergeneracional y estrategias para desarrollar herramientas culturalmente adecuadas
DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS DEFENSORAS
El camino por recorrer es largo. Los países deben trabajar arduamente para reducir la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales y salvaguardar su integridad. Al mismo tiempo, deben reforzar el acceso a la información ambiental, que impacta directamente en la calidad de vida de las poblaciones, y garantizar la participación pública en procesos de toma de decisiones.
